La situación que atraviesan los trabajadores de Granja Tres Arroyos en la ciudad de Concepción del Uruguay expone, una vez más, cómo la crisis económica se traduce en incertidumbre laboral. En este caso, la continuidad formal del empleo convive con salarios fragmentados, pagos incumplidos y una falta de información que termina por erosionar cualquier previsibilidad. Los operarios de la planta denuncian que la empresa les paga “en cuotas” conceptos básicos como las quincenas, las vacaciones y el aguinaldo, una modalidad que se volvió recurrente durante 2025 y que no logró normalizarse ni siquiera bajo un procedimiento preventivo de crisis.
Según expresaron desde el Sindicato de la Carne, el último año estuvo atravesado por conflictos permanentes, con problemas productivos y, sobre todo, con dificultades constantes para que los trabajadores cobren en tiempo y forma. El salario dejó de ser un ingreso cierto y pasó a depender de cronogramas que se acuerdan y luego se incumplen.
En ese marco, unos 700 puestos de trabajo se encuentran, según información del gremio, en riesgo. No se trata solo de un número, sino de una planta que sostiene buena parte de la actividad económica local. La situación se vuelve más compleja si se observa el proceso previo.
Crisis en cuotas
Los trabajadores que actualmente se desempeñan en la planta La China provienen, en muchos casos, del frigorífico Béccar, que cerró sus puertas. Ambos establecimientos quedaron unificados y el personal fue concentrado en una sola planta, luego de que casi 400 trabajadores se fueran de La China y otros 450 de Béccar, entre arreglos, acuerdos y despidos.
Sergio Daniel Vereda, dirigente del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, describió ese recorrido como una sucesión de ajustes que siempre terminan recayendo sobre los mismos. Según explicó, los trabajadores intentaron sostener la fuente laboral aun en condiciones adversas, aceptando pagos desdoblados y acuerdos precarios con la expectativa de evitar un cierre definitivo. Sin embargo, la incertidumbre se mantuvo y el futuro nunca fue aclarado por la empresa.
El 7 de ese mes debía abonarse una cuota de la quincena y una parte del aguinaldo, según un cronograma acordado antes de las fiestas para garantizar cierta calma. El pago no se realizó y, ante la falta de respuestas, los trabajadores resolvieron en asamblea iniciar medidas de fuerza. La reacción empresaria no fue abrir una instancia de negociación, sino frenar el ingreso de pollos a la planta para su faena, una decisión que paraliza de hecho la actividad diaria, que suele rondar los 200 mil pollos.
La explicación que recibieron los trabajadores sobre la falta de pago fue que los fondos disponibles se destinaron a alimentar a los animales en las granjas. Para el gremio, ese argumento expone un problema de fondo. No se trata de una contingencia puntual, sino de una falta de previsión sostenida en el tiempo, cuyos costos vuelven a recaer sobre los salarios. En ese esquema, los trabajadores financian la continuidad de la empresa con ingresos incompletos, mientras la incertidumbre se profundiza.
Desde el Sindicato de la Carne de Entre Ríos señalaron que la situación es grave y que los incumplimientos en el pago de salarios y aguinaldos derivaron en la adopción de medidas gremiales definidas colectivamente. La deuda, según precisaron, incluye el 50 por ciento del aguinaldo y varias cuotas salariales comprometidas, sin que la empresa haya brindado fechas concretas de pago. La explicación empresaria, remarcaron, resulta insuficiente para quienes esperan cobrar lo que corresponde a un trabajo ya realizado.
El conflicto no se limita al interior de la planta. La posibilidad de un cierre, mencionada de manera informal y sin comunicados oficiales, amplifica el impacto social. Más de 700 empleos directos dependen de la continuidad de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, en una ciudad donde la industria alimentaria cumple un rol central. La pérdida de esos puestos no solo afectaría a los trabajadores, sino también al comercio, los servicios y la recaudación local.
En ese contexto, el gremio también cuestionó la ausencia de funcionarios provinciales ante un conflicto de esta magnitud, incluso de aquellos que tienen pertenencia territorial en la ciudad. La falta de intervención estatal refuerza la sensación de desamparo y deja a los trabajadores negociando en soledad frente a una empresa que no ofrece certezas.
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