El cierre de la ejecución presupuestaria de 2025 dejó en evidencia un ajuste de gran magnitud en el Estado. En un contexto de inflación persistente y actividad económica debilitada, el gasto público real se contrajo cerca de 29% frente a 2023, con recortes profundos en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y obra pública, mientras otras partidas mostraron comportamientos variados.
Los datos oficiales de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional muestran que el ajuste no fue homogéneo, pero sí generalizado. Medido en términos reales, el gasto total de 2025 se ubicó muy por debajo de los niveles previos, consolidando una estrategia de fuerte contención del presupuesto.
La comparación con 2023 permite dimensionar el impacto: el gasto cayó casi un tercio en términos reales, incluso luego de descontar el efecto inflacionario. Si bien algunas partidas exhibieron leves mejoras interanuales frente a 2024, el rebote responde en gran parte a una base de comparación excepcionalmente baja.
El ajuste golpeó con fuerza a la salud pública. Organismos clave del sistema sanitario registraron recortes profundos, incluyendo hospitales nacionales y agencias regulatorias. En algunos programas de prevención y atención territorial, la ejecución fue prácticamente nula, lo que encendió alertas sobre la continuidad de políticas sanitarias esenciales.
En educación, el panorama fue similar. Programas emblemáticos vinculados a conectividad, infraestructura escolar y fortalecimiento docente registraron caídas de entre 75% y 100%. La reducción del gasto educativo se dio en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y aumento de las demandas sociales, profundizando tensiones en el sistema.
Seguridad y fuerzas federales también bajo presión
El área de seguridad no quedó al margen del ajuste. Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas mostraron recortes significativos en sus partidas, con caídas reales que oscilaron entre el 18% y el 31% según el CEPA. Esto ocurrió a pesar de que la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales en el actual escenario de crisis económica.
En paralelo, los servicios de deuda pública mantuvieron un peso relevante dentro del gasto total, lo que limitó el margen de maniobra para sostener otras políticas públicas.
Programas sociales y transferencias, con recortes críticos
Uno de los datos más sensibles surge del análisis de los programas sociales. Iniciativas vinculadas a primera infancia, economía social, comedores comunitarios y asistencia alimentaria sufrieron recortes muy severos, con algunos casos de ejecución cercana a cero.
Las transferencias a provincias y municipios también mostraron una contracción drástica. La asistencia financiera y técnica desde la Nación se redujo de manera abrupta, afectando la capacidad de los gobiernos subnacionales para sostener servicios básicos e inversión local.
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Obra pública y actividad económica en retroceso
El ajuste presupuestario tuvo un impacto directo sobre la actividad económica. La obra pública prácticamente se paralizó, con caídas superiores al 90% en programas de infraestructura vial, urbana e hidráulica. Esta contracción no solo afectó al empleo en el sector de la construcción, sino que también limitó el efecto multiplicador del gasto público sobre la economía.
La reducción de la inversión estatal se suma a un contexto de menor consumo, salarios reales deteriorados y alta inflación, configurando un escenario de crisis económica persistente.
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