Una presentación penal radicada en la provincia de Formosa puso en el centro de la escena a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) por la presunta falsificación de fichas de afiliación, en un caso que podría acarrear implicancias tanto judiciales como electorales para ese espacio. La denuncia fue promovida por la dirigente radical Elena María Piombino, vicepresidenta primera de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia, quien afirmó haber sido incorporada al partido libertario sin haber prestado su consentimiento. De acuerdo a su planteo, la maniobra habría interferido en su participación dentro de los procesos internos de su fuerza.
Según NEA HOY, el episodio salió a la luz cuando Piombino, afiliada al radicalismo desde 1986, intentó corroborar su situación en el padrón partidario de cara a próximas elecciones internas. Al advertir que no figuraba en los registros de la UCR, recurrió a la justicia electoral, donde constató que aparecía inscripta como afiliada a LLA.
El abogado de la dirigente, Juan Cruz Fernández, detalló en un programa radial local que la denuncia se encuadra en figuras como falsificación de documento, falsedad ideológica y uso de documento falso. Según explicó, no se trataría de un simple error administrativo, sino de un procedimiento que habría incluido la elaboración de documentación apócrifa, entre ella una presunta renuncia a su partido de origen. En la presentación judicial se menciona a Pablo S. Míguez como uno de los señalados, en calidad de “autoridad certificante” de la ficha cuestionada, y también a Esteban López Tozzi, apuntado por su supuesta intervención en la validación de esos documentos.
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De acuerdo al letrado, ya se iniciaron actuaciones tanto en la justicia provincial como en el ámbito federal. En ese marco, se prevé la realización de pericias caligráficas para establecer la autenticidad de las firmas que figuran en las planillas de afiliación.
Desde sectores del radicalismo advierten que el caso podría no ser un hecho aislado y sugieren la posible existencia de una práctica más extendida para incorporar afiliados de manera irregular. Por ello, impulsaron el pedido de una auditoría integral del padrón de LLA en la provincia.
Otro de los puntos que se desprenden de la denuncia es el posible impacto institucional del caso. Si se comprobara la existencia de afiliaciones fraudulentas de forma sistemática, podría ponerse en revisión el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para el reconocimiento del partido. En Formosa, la normativa establece un número mínimo de afiliados para mantener la personería jurídica.
La investigación continúa en curso y será la Justicia la encargada de determinar la veracidad de los hechos denunciados, así como las eventuales responsabilidades penales y consecuencias administrativas que puedan derivarse.
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