Galmarini pidió prohibir celulares en cárceles: "No pueden ser call centers del delito”

Su proyecto de ley contempla no solo prohibir su uso sino colocar inhibidores de señal en todas las prisiones de Buenos Aires. "Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar", lanzó.

13 de marzo, 2026 | 18.48

La senadora bonaerense del Frente Renovador (FR) Malena Galmarini presentó un proyecto de ley para prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, una medida destinada a frenar las estafas, extorsiones y secuestros virtuales que se organizan desde unidades penitenciarias. "El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito", sostuvo Galmarini al presentar el proyecto.

La iniciativa propone la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles bonaerenses, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para impedir el ingreso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles. Su proyecto establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer celulares ni dispositivos tecnológicos que habiliten comunicaciones no autorizadas.

"El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda", afirmó la senadora. Sin embargo, sí propone implementar sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.

Para Galmarini, detrás de cada estafa o extorsión telefónica existen víctimas que atraviesan angustia, miedo y pérdidas económicas, muchas veces frente a amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias.

El Estado del lado de las víctimas

"No se trata sólo de tecnología o de control penitenciario: se trata de proteger a las personas que reciben esas llamadas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación. El Estado tiene que estar del lado de las víctimas”, indicaron desde el entorno de la senadora bonaerense.

Además, la propuesta también fija un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal, con el objetivo de evitar comunicaciones ilegales desde los pabellones penitenciarios"Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad", concluyó.