Mientras Javier Milei sellaba emprendía su gira auto celebratoria por Manhattan y Madrid, la conflictividad social se expandió por la Argentina como reguero de pólvora. Marchas de antorchas en Catamarca y San Juan, una asonada policial que derivó en la renuncia del secretario de Seguridad de Jujuy, un acampe gremial que frenó una ley de emergencia en Santa Cruz, y una sangría de empresas y empleos que alcanzó a casi todas las provincias. Un estallido a fuego lento que la euforia de la élite y el show del Chiqui Tapia ya no logran ocultar.
Cuatro de los gobernadores que viajaron o expresaron apoyo al gobierno de Milei enfrentan conflictos de singular intensidad. En Catamarca, Jujuy, San Juan y Santa Cruz, los empleados estatales salieron a las calles con una demanda que resulta, al mismo tiempo, gremial y política: el ajuste que el Gobierno Nacional pregona como virtud fiscal se traduce, en los territorios, en sueldos que no llegan al umbral de una vida digna.
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En Catamarca, gobernada por el peronista Raúl Jalil —uno de los mandatarios más cercanos a la Casa Rosada—, los docentes autoconvocados marcharon con antorchas frente a la Casa de Gobierno exigiendo un salario básico de 1.300.000 pesos. La contrapropuesta del Ejecutivo provincial llegó a 850.000 pesos, con un bono de 80.000 por inicio de clases. La brecha no es menor: según el último Informe Indicativo de la Secretaría de Educación de la Nación, Catamarca ocupa el tercer lugar entre las jurisdicciones con los salarios docentes más bajos del país, por encima solo de Misiones y Mendoza. Mientras Jalil viajaba con la comitiva presidencial a los Estados Unidos, sus docentes ocuparon la plaza central de la capital con velas encendidas.
En Jujuy, la situación subió de escala. Un conflicto salarial dentro de la policía provincial derivó en disturbios frente a la Casa de Gobierno —con denuncias penales y una investigación del Ministerio Público por conducta “coordinada y premeditada”— y terminó arrastrando al resto del sector público. El secretario de Seguridad Juan Manuel Pulleiro presentó su renuncia. Los docentes del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) marcharon reclamando la restitución del bono docente y una paritaria real. La secretaria general del gremio, Mercedes Sosa, lo enunció con precisión: “Con 800.000 pesos no puede vivir nadie”. Por cierto, según el Indec, la canasta básica ya está cerca del millón y medio de pesos.
En San Juan una marcha multitudinaria con antorchas logró que el gobierno abriera la mesa de negociación que días antes se había negado a convocar. En Santa Cruz, los gremios montaron un acampe frente a la Legislatura para repudiar un proyecto de ley de emergencia económico-financiera impulsado por Claudio Vidal que suspendía los aumentos salariales automáticos hasta el 31 de diciembre de 2026. El proyecto fue devuelto al Ejecutivo por unanimidad. Ganó el acampe.
Las cuatro situaciones comparten fisonomía: gobernadores que acompañaron el ajuste de Milei en el Congreso y en los foros internacionales ahora deben gestionar la conflictividad que ese mismo ajuste genera dentro de sus fronteras. La Casa Rosada redujo los fondos federales para educación, salud, asistencia social y obra pública. Y son esos mandatarios quienes reciben el impacto en las calles.
Coparticipación colapsada
La dimensión fiscal del problema no es coyuntural ni localizada. Según datos oficiales, la recaudación tributaria nacional cayó un 9,5% en términos reales durante febrero de 2026, marcando el séptimo mes consecutivo en rojo desde julio del año anterior. Las provincias recibieron 500.000 millones de pesos menos en concepto de coparticipación respecto al mes anterior. El IVA neto, principal termómetro del consumo interno, se contrajo un 3,2% real. Los derechos de exportación se desplomaron un 39,5%.
El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, otro activo colaborador del gobierno, describió los efectos en su provincia: advirtió una pérdida acumulada de casi 15.000 millones de pesos en coparticipación durante febrero, recursos que, dijo, podrían haber equipado hospitales o fortalecido a la fuerza policial. Su diagnóstico conecta la macro con la micro de un modo que el gobierno nacional no asume: la coparticipación baja porque el consumo no se recupera, y el consumo no se recupera porque la macroeconomía, aun con superávit fiscal en el papel, no derrama hacia los sectores que mueven el IVA y pagan las cuentas provinciales.
En Córdoba, los ingresos reales cayeron un 7,9%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el descenso en transferencias alcanzó el 8,6%, la baja más pronunciada entre los distritos relevados. La presión fiscal sobre las provincias no respeta signo político ni grado de adhesión al experimento mileísta. En tal caso, para los más disciplinados —como Entre Ríos— se dispensa migajas en Aportes del Tesoro Nacional, aporte discrecional e insuficiente que no compensa la pérdida por la caída en la economía real.
El desierto productivo
Un relevamiento de la consultora Equilibra sobre datos oficiales ofrece la imagen más cruda del estado del tejido productivo argentino: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, solo una provincia del país aumentó su cantidad de empresas privadas. Esa provincia es Neuquén, y su crecimiento —del 1,8%— se explica casi en su totalidad por el boom de la energía no convencional en Vaca Muerta. El resto del mapa es una sucesión de números negativos.
Misiones encabeza el listado de jurisdicciones más castigadas, con una pérdida del 10,3% de sus unidades productivas. Le siguen La Rioja (-9,6%) y Chaco (-9,2%). En cuanto al empleo privado formal, el panorama no es menos severo: Formosa registró una contracción del 18,5%, Santa Cruz del 16,3% y La Rioja del 15%. Neuquén y Río Negro son las únicas excepciones con saldos positivos.
Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, señaló que el crecimiento registrado en algunos sectores —energía, intermediación financiera, hoteles y restaurantes— no se tradujo en creación de empresas formales ni en empleos de calidad. Al contrario: describió un proceso en el que las actividades económicas de mayor calificación se destruyen y son reemplazadas por trabajo cuentapropista o informal. El diagnóstico tiene nombre técnico y consecuencias sociales concretas: “Hay un empeoramiento de la calidad del empleo”, afirmó el analista.
En Misiones, la situación adquiere una densidad particular. Alejandro Haene, tesorero de la Confederación Económica de esa provincia, describió el panorama con una crudeza que vale más que cualquier eufemismo de política económica: la construcción —históricamente uno de los mayores generadores de empleo registrado— dejó sin trabajo a entre 11.000 y 12.000 personas a causa de la parálisis de la obra pública. El diagnóstico que extiende al resto de la economía provincial no deja resquicios: “No hay rubro que pueda decir que está salvado”.
La Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país y territorio donde se concentra buena parte de la industria nacional, exhibe cifras alarmantes. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 la provincia perdió 5.832 empresas registradas y 79.090 puestos de trabajo formales. No son trabajadores que migraron al cuentapropismo por vocación. Son empleos que desaparecieron del registro, que dejaron de cotizar, que abandonaron el sistema formal.
El INDEC completa la escena: durante 2024 y 2025, la industria bonaerense operó por debajo del 60% de su capacidad instalada, con más del 40% de capacidad ociosa. Los sectores más golpeados dentro de la manufactura incluyen la metalurgia, la industria del calzado, las curtiembres y todo lo vinculado a la construcción, con caídas de entre el 20% y el 25%. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica provincial, la economía bonaerense cayó un 1,5% entre 2023 y 2025, con el comercio retrocediendo un 21,6% y la construcción otro 21%.
Como reportó Belén Bártoli en El Destape, en los municipios del conurbano los intendentes hablan de una crisis sin precedentes con una unanimidad que atraviesa colores políticos. En Florencio Varela, la demanda de asistencia alimentaria aumentó un 82% respecto al año anterior. En Esteban Echeverría, el área de Desarrollo Social tuvo que abrir sus puertas a las cinco de la mañana para contener las filas en la calle. En Merlo se preparan para un 2026 incluso peor que el año anterior.
La lección docente
El conflicto salarial en la educación pública se extiende en casi todo el territorio nacional. En el inicio de las clases, durante la semana del 10 de marzo, se desarrollaron protestas, paros y movilizaciones en 19 de las 24 jurisdicciones del país. La oposición impulsó en ese contexto un proyecto de ley de Fortalecimiento Salarial Educativo. La respuesta del gobierno nacional fue el silencio.
El patrón se repite en cada territorio con pequeñas variaciones locales: docentes que piden lo suficiente para vivir, gobiernos provinciales que ofrecen lo que les queda después del ajuste del Ejecutivo nacional, y mesas de negociación que se abren solo cuando la presión en las calles supera el umbral de la tolerancia política. No es una lógica de diálogo. Es una lógica de desgaste.
El conflicto en Jujuy es quizá el caso más revelador. Comenzó con policías que reclamaron porque la plana mayor de la fuerza había recibido aumentos del 70% mientras sus salarios básicos permanecían congelados. El reclamo pronto escaló a disturbios frente al edificio del gobierno provincial y se extendió como deuda acumulada hacia docentes y empleados estatales. Concluyó —por ahora— con la renuncia del secretario de Seguridad y la promesa de reabrir paritarias con cada sindicato. Todo eso en menos de dos semanas, en una provincia gobernada por un radical que se define como aliado de Milei.
Lejos de se una actividad opositora coordinada, el mapa de conflictos revela las consecuencias distributivas de un modelo que concentra los resultados del ajuste fiscal en el superávit del Estado central y distribuye hacia abajo el costo en términos de salarios reales deteriorados, coparticipación menguante y obra pública paralizada.
Que ese costo recaiga también sobre provincias que acompañaron al gobierno en el Congreso —que votaron la reforma laboral, que viajaron a Nueva York a posar junto al presidente— no cambia la estructura del problema. En tal caso, los obliga a administrar una contradicción que ellos mismos contribuyeron a profundizar.
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