La reforma del fuero penal impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro abrió un nuevo foco de conflicto institucional en Santa Fe. Mientras el Gobierno provincial defiende el proyecto como una herramienta para agilizar los procesos judiciales y optimizar el funcionamiento del sistema acusatorio, la iniciativa recibió fuertes cuestionamientos de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales y de distintos operadores del Poder Judicial, que advierten sobre la falta de consenso y posibles consecuencias para las garantías constitucionales.
Según indicaron desde Política de Santa Fe, distintos sectores judiciales sostienen que el Ejecutivo continúa avanzando sobre la organización del Poder Judicial mediante reformas sucesivas que generan incertidumbre institucional y modifican el funcionamiento del sistema sin un proceso previo de diálogo con quienes lo integran.
La propuesta oficial plantea una reorganización integral del fuero penal con el objetivo de reducir demoras, distribuir de manera más eficiente la carga de trabajo y aprovechar mejor los recursos humanos y materiales disponibles.
Entre los principales cambios figura la creación de un único Colegio de Jueces de Primera Instancia y otro de Revisión con competencia en toda la provincia, reemplazando el esquema actual organizado por circunscripciones judiciales. También propone la conformación de una Oficina de Gestión Judicial única para todo el fuero penal, una mayor rotación funcional de magistrados entre distintos territorios, nuevos criterios para integrar los tribunales de revisión y una utilización más amplia de las audiencias remotas.
Desde la administración provincial sostienen que el actual modelo acusatorio quedó desactualizado y que la reforma permitirá contar con un sistema más flexible, dinámico y eficiente, especialmente en las jurisdicciones con mayor volumen de causas. Sin embargo, el proyecto encontró una rápida respuesta de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que presentó un documento ante la Cámara de Diputados con una serie de observaciones sobre la iniciativa.
Las críticas al proyecto
Los ministros advirtieron que la unificación de los Colegios de Jueces podría generar nuevos conflictos organizativos y consideraron que la creación de una Oficina de Gestión Judicial única modificaría un esquema que actualmente ofrece resultados razonables. Además, señalaron que algunos artículos contienen ambigüedades que podrían derivar en inseguridad jurídica durante su aplicación.
Otro de los puntos objetados es la modificación del sistema de revisión de condenas. El proyecto eleva de cinco a dieciocho años el umbral de pena para que una sentencia sea revisada por un tribunal colegiado, un cambio que, según la Corte, reduciría los mecanismos de control en causas penales de especial relevancia.
Los jueces también cuestionaron la intención de convertir las audiencias virtuales en una regla general y no en una excepción, al considerar que esa modalidad podría afectar principios como la oralidad, la inmediación y la contradicción, todos ellos incorporados en la reciente reforma constitucional de la provincia.
MÁS INFO
La entidad sostuvo que comparte la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema judicial, pero advirtió que una transformación de semejante magnitud no puede elaborarse sin estadísticas confiables, diagnósticos técnicos ni consultas previas con quienes trabajan diariamente en el fuero penal.
Los magistrados cuestionaron que el Ejecutivo no haya convocado a jueces, fiscales, defensores públicos, responsables de las Oficinas de Gestión Judicial ni a los Colegios de Abogados antes de enviar la iniciativa a la Legislatura.
Según el documento, la centralización del sistema podría generar un incremento de la burocracia, superposición de audiencias, mayores dificultades organizativas, pérdida del contacto directo entre jueces y partes, un uso excesivo de videoconferencias y eventuales afectaciones al principio del juez natural.
También alertaron sobre posibles riesgos para la independencia y la inamovilidad de los magistrados, al ampliarse las posibilidades de rotación funcional sin considerar el asiento territorial de cada juez. Incluso señalaron que algunos artículos podrían entrar en tensión con la nueva Constitución provincial al modificar aspectos de la organización judicial previstos en la reforma constitucional.
Cómo se procederá
Ante ese escenario, el Colegio de Magistrados solicitó suspender el tratamiento legislativo hasta abrir una instancia de diálogo institucional entre el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, los Colegios de Abogados y los distintos actores del sistema judicial.
La entidad considera que muchos de los objetivos planteados por el Gobierno podrían alcanzarse mediante mejoras en la gestión, incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, capacitación y una mejor coordinación entre organismos, sin necesidad de modificar nuevamente la legislación vigente.
Desde la llegada de Pullaro a la Casa Gris, la Justicia santafesina fue escenario de múltiples reformas, entre ellas la renovación de la Corte Suprema, modificaciones en el Ministerio Público de la Acusación, cambios derivados de la reciente reforma constitucional y ahora una nueva reorganización del fuero penal.
Para distintos sectores judiciales, esa sucesión de cambios comienza a generar preocupación sobre la estabilidad institucional del sistema y sobre el alcance que pretende tener el Poder Ejecutivo en la reorganización de otro poder del Estado.
Cerrar sesión