Bicho (33) es una persona transmasculina de origen colombiano que, el 21 de enero de este año, intentó ingresar a la Argentina a través del Aeropuerto Jorge Newberry. Durante el control migratorio, el agente que lo entrevistó le preguntó el motivo de su viaje. "Vengo a ver a mi familia, que son mis amigos", le dijo, pero el funcionario replicó: "La única familia es la de sangre". Aquella frase marcó el inicio de una serie de irregularidades en el procedimiento migratorio que derivaron en la expulsión forzosa de Bicho.
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Desde el comienzo, él aclaró que se identificaba con pronombres masculinos. Aún así, la persona a cargo del trámite se negó a respetar su identidad de género y continuó refiriéndose a él en femenino. Además, a medida que avanzaba la entrevista, el tono de las preguntas se volvió cada vez más incisivo. Le consultaron, por ejemplo, cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria y si contaba con un comprobante del lugar en el que iba a alojarse.
Si bien estas preguntas forman parte del procedimiento habitual para que una persona extranjera pueda ingresar al país como turista, la Ley de Migraciones establece que el único requisito indispensable es contar con cédula de identidad o pasaporte vigente. Sin embargo, desde la aprobación de la reforma migratoria en mayo de 2025, los criterios de admisión se volvieron más restrictivos. A partir de la nueva normativa, la Dirección Nacional de Migraciones adquirió mayores facultades para solicitar documentación adicional en casos de presunta irregularidad o dudas sobre el motivo del viaje. No obstante, la reglamentación no detalla con precisión cuáles son los documentos obligatorios que deben presentar los viajeros, más allá del seguro de salud.
No era la primera vez que Bicho ingresaba al país. En 2014 llegó a Argentina escapando de la violencia que atraviesa a la población trans en Colombia. Según un informe elaborado por la organización Colombia Diversa, entre 2012 y 2015 se registraron un total de 405 asesinatos de personas de la comunidad LGBT+, 120 de ellas pertenecientes al colectivo travesti-trans. Más de diez años después, la situación de las personas trans en Colombia continúa siendo de extrema vulnerabilidad. Si bien hubo algunos avances -en 2025, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la Ley Integral Trans- el elevado número de travesticidios, las dificultades para acceder al sistema sanitario y la violencia institucional siguen marcando la vida cotidiana de esta población.
Ya instalado en Buenos Aires, Bicho se inscribió en la universidad pública para estudiar una carrera vinculada a las artes. Desde el inicio, le sorprendió la solidaridad y la calidez de sus compañeros y docentes: “Si yo no tenía plata para comprar una herramienta, los profesores me prestaban las suyas”, relata. Más allá de la posibilidad de acceder a la educación gratuita —algo que en Colombia le resultaba inaccesible—, Argentina fue el lugar en el que construyó un grupo de amigos que, con el tiempo, se transformó en una red de apoyo.
Una vez que Bicho terminó de responder las preguntas, la persona que le tomó la entrevista le pidió que aguardara algunos minutos. Poco tiempo después, el personal de seguridad lo condujo hasta un pasillo apartado. Al entrar, advirtió que la mayoría de los que estaban allí provenían de Colombia o Venezuela. “No se llevaban gringos ni europeos, sino latinoamericanos con determinado color de piel”, describe. Fue en ese momento que le informaron que su ingreso al país había sido bajo la categoría de “falso turista”. Esta figura es utilizada por las autoridades migratorias cuando consideran que un individuo no cuenta con los documentos suficientes para acreditar el motivo declarado de su viaje.
"Falso turista", el término que se está utilizando para expulsar más gente
Zulema Montero es abogada y militante por los Derechos Humanos. Se especializa en derecho migratorio, por ende, es a ella a quien recurren la mayoría de las organizaciones de migrantes frente a deportaciones o expulsiones arbitrarias. En diálogo con El Destape, señaló que uno de los principales problemas de la categoría de “falso turista” radica en la ambigüedad del término: “En última instancia, responde al criterio y a la interpretación del personal de Migraciones. Por eso se está utilizando muchísimo como argumento para expulsar gente sin que existan fundamentos concretos”.
Lo señalado por Montero se confirma en los números. Según los datos obtenidos a partir de una solicitud de acceso a la información pública, en 2025 se registraron 16.684 rechazos en frontera, de los cuales 6.811 se fundamentaron en la presunción de “falso turista”. La cifra representa más del 40 % del total de las inadmisiones y da cuenta del peso que adquirió esta categoría en la política migratoria reciente. Además, los datos muestran una aplicación desigual según el origen nacional. Entre las personas rechazadas bajo este criterio, predominan quienes provenían de Bolivia (314), seguidas por Perú (85) y Colombia (59).
Bicho es neurodivergente, por lo que las situaciones de presión o incertidumbre pueden desencadenar ataques de pánico. Para prevenir esto, cuenta con un medicamento específico recetado por su psiquiatra que debe tomar ante determinados síntomas. Cuando le informaron que sería expulsado del país, empezó a sentir que le faltaba el aire y que el pecho se le cerraba. A pesar de que pidió ayuda tras explicar la situación, el personal migratorio se negó a entregarle el bolso que contenía su medicación y a trasladarlo a un hospital. En cambio, lo esposaron y le prohibieron salir del aeropuerto.
Mientras tanto, en las afueras del aeropuerto, sus amigos —que ya estaban al tanto de la situación— se organizaban para ayudarlo. A través de mensajes y llamados, alertaron a los organismos de Derechos Humanos, buscaron abogados y conformaron la Red de Apañe por Bicho. Una de las primeras medidas que tomaron fue ir todos al Consulado de Colombia para pedir ayuda por Bicho: “No nos dieron bola, pero además descubrimos que había muchísima gente reclamando por situaciones similares. Algunos tenían familiares retenidos o expulsados sin justificación”, cuenta “J”, uno de los integrantes del grupo.
En total, Bicho pasó seis días retenido en la zona de embarque de Aeroparque. Durante todo ese tiempo, permaneció custodiado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA y del personal de seguridad de LATAM Airlines. Además, frente al ataque de pánico, el personal médico le suministró una medicación que, lejos de atenuar los síntomas de ansiedad, le generó alteraciones en la percepción del espacio y el tiempo. Al día de hoy hay escenas que no recuerda y otras que reconstruye a partir de los chats con sus amigos. De por medio, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), le denegó la solicitud de asilo a pesar de que cumplía con todos los requisitos estipulados por la normativa vigente.
Finalmente, el 26 de enero, Bicho tomó un vuelo con destino a Porto Alegre. Según relató, subió al avión en estado de crisis, escoltado por diez policías. Algunos de ellos pertenecían al Grupo Especial de Asalto Táctico (GEAT), una unidad de élite de la Policía de Seguridad Aeroportuaria entrenada para intervenciones de alto riesgo. Horas antes, el personal médico le había suministrado un calmante y le había indicado una serie de cuidados. Sin embargo, los efectivos ignoraron esas recomendaciones. Con el objetivo de conocer la perspectiva de la Dirección Nacional de Migraciones sobre lo ocurrido, se intentó contactar a sus autoridades a través de los canales oficiales. Hasta el momento no hubo respuesta.
La expulsión de bicho: una consecuencia directa de la reforma migratoria
La expulsión de Bicho no fue en un contexto aislado. Desde principios del 2024, el gobierno de Milei viene implementando una serie de medidas en contra de la población migrante. En el mes de febrero, distintas provincias, amparadas por el Poder Ejecutivo, habilitaron el cobro de los servicios sanitarios para los extranjeros que no contaran con residencia temporaria o permanente. Más tarde, en octubre de ese mismo año, se modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado a través del DNU 942/2024, supuestamente con el objetivo de proteger el territorio nacional frente al avance del terrorismo. La nueva disposición amplió las causales de exclusión y redujo los plazos estipulados para interponer un recurso judicial frente a una resolución negativa.
En 2025, la política antimigratoria se convirtió en un eslogan de campaña. Días antes de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -uno de los distritos con mayor población migrante- Manuel Adorni anunció la implementación de la reforma migratoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Entre otros puntos, la nueva normativa estableció requisitos más restrictivos para permanecer en el país, como la exigencia de ingresos fijos y demostrables. También aceleró los procesos de expulsión sin contemplar instancias de regularización. En lo que refiere a educación, impide el ingreso de personas que no cuenten con residencia temporaria o permanente a instituciones terciarias o universitarias. Además, tanto la Dirección Nacional de Migraciones como la CONARE fueron transferidas al Ministerio de Seguridad de la Nación.
Bicho no es el único integrante del colectivo LGBTQ+ cuyos derechos fueron vulnerados producto de la reforma migratoria. En junio de 2025, Paola y Osiris, dos migrantes trans de origen peruano, estuvieron a punto de ser deportadas. Ambas ejercían el trabajo sexual y tenían causas menores vinculadas a situaciones de consumo problemático. No obstante, gracias a la intervención de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), se logró elevar un amparo y frenar la deportación.
Todo indica que en 2026 el gobierno optará por profundizar esta línea. A principios de febrero, Alejandra Monteoliva, la nueva Ministra de Seguridad, celebró en sus redes sociales que el gobierno alcanzó un “récord histórico” de extranjeros expulsados, no admitidos, capturados o extraditados. Según las cifras oficiales, en los últimos dos meses, 4700 personas sufrieron los efectos de la nueva política migratoria. Antes de eso, durante el mes de enero, la Policía Federal Argentina, había realizado al menos 3 operativos en Liniers y Villa Celina que intentaron emular las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Estos procedimientos incluyeron controles de documentación en la vía pública, requisas y detenciones.
En la actualidad, Bicho permanece en Brasil, contenido por un grupo de amigos. Acompañado por sus abogados, apeló el rechazo de la CONARE y aguarda para que el Estado Argentino lo reconozca como refugiado. En simultáneo, a 870 kilómetros, sus compañeros en Argentina pintan afiches, juntan dinero y organizan charlas para visibilizar el caso. La consigna que repiten es siempre la misma: “Nadie es ilegal. Queremos que nuestro amigo vuelva a casa”.
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