El jueves pasado, los directores de 70 escuelas de los partidos de Moreno y General Rodríguez reportaron amenazas de tiroteo dentro de los establecimientos. En muchos casos, los avisos incluían mensajes en redes sociales o carteles e inscripciones en las paredes de los mismos baños escolares. La fiscalía de Responsabilidad Juvenil, a cargo de Alejandra Piqué (UFI N°6), en coordinación con Érica Chiessi y Solange Castelli (UFI N°7), inició una investigación que rápidamente dio resultados.
Las pesquisas permitieron identificar a un total de siete menores como los principales autores de las intimidaciones. De los identificados, dos tienen 16 años y por lo tanto, son punibles según el nuevo régimen penal juvenil. El resto -todos ellos menores de 14 años- no son punibles.
Allanamientos con secuestro de armas y dispositivos
El martes, la DDI local realizó siete allanamientos en distintos domicilios. Los operativos dejaron resultados positivos: los agentes secuestraron armas que, según la investigación, coincidirían con las exhibidas en las publicaciones intimidatorias. También incautaron celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos.
A los sospechosos se les notificó el delito de intimidación pública y fueron citados a indagatoria para este miércoles 22 de abril. La fuente judicial detalló a Infobae que los menores deberán presentarse junto a sus padres ante la Justicia.
El pedido de embargo a las familias
Al mismo tiempo, la fiscal Piqué solicitó a la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino, que disponga el embargo de los bienes de los padres de los menores identificados.
El objetivo es cubrir los gastos generados por las investigaciones, los procedimientos policiales y los cambios de protocolos dentro de las escuelas afectadas. El monto del daño aún no está definido: deberá ser establecido por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, tal como ocurre con las amenazas de bomba falsas. Una vez fijado, se trabará el embargo.
En estos casos, las clases no se suspendieron pero los costos operativos se acumularon. La decisión judicial se apoya en el Art. 1754 del Código Civil y Comercial, que establece que "los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental".
Cabe señalar que la medida no es aislada. En Santa Fe, el gobierno de Maximiliano Pullaro calculó que cada despliegue policial en un establecimiento educativo cuesta entre cinco y seis millones de pesos para la gestión, y decidió cobrar ese monto a las familias de los responsables.
En Corrientes, la policía emitió un comunicado advirtiendo que los padres pueden ser responsables civiles según el artículo 149 bis del Código Penal. Mientras que en Mar del Plata, el fiscal general Fabián Fernández Garello también dispuso que las familias de los autores de amenazas deberán afrontar los gastos de los operativos.
La ola de amenazas en escuelas se multiplicó en los últimos meses, generando alarma social y sobrecarga en las fuerzas de seguridad. Con estos embargos, la Justicia busca no solo castigar a los menores infractores, sino también hacer responsables a las familias por los costos que generan sus hijos. La medida, que ya se aplica en varias provincias, podría extenderse al resto del país si los casos continúan en aumento.
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