La crisis ya no se mide solo en inflación, sino también en margen de vida. Hoy, un trabajador necesita casi 3.000.000 de pesos -ocho salarios mínimos- para cubrir lo básico de una familia. El dato se desprende de un informe sindical y expone una brecha cada vez más profunda: ese ingreso está muy por encima de los salarios efectivamente percibidos y se da en un contexto en el que la Argentina acumuló la mayor caída del poder adquisitivo de la región en los últimos años.
En este escenario, el problema no es solo cuánto falta para llegar, sino cuánto queda. Mientras los ingresos pierden frente a los precios, los gastos fijos avanzan: absorben 15 puntos más del salario que en 2023. El resultado es un cambio más profundo que la inflación misma, ya que el ingreso disponible se achica y el margen para vivir se reduce mes a mes.
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Sin margen de vida
El costo de vida volvió a pegar un salto y dejó al descubierto una brecha cada vez más difícil de justificar. Hoy, un trabajador necesita más de $2.800.000 para vivir dignamente, mientras que el salario mínimo apenas supera los $350.000. El nuevo informe del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) fijó en $2.802.755 el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia, en un contexto donde la inflación volvió a acelerarse (3,4% en marzo) y las paritarias corren por detrás de los precios.
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El contraste es brutal: el Salario Mínimo, Vital y Móvil se ubica en torno a $357.800, lo que implica que hoy se necesitan ocho salarios mínimos para alcanzar un nivel de vida digno. Esto es consecuencia de que dicho ingreso dejó de ser piso de referencia para cubrir las necesidades de vida de los trabajadores y se encuentra en su valor más bajo de la historia argentina: está 20% por debajo del valor que tuvo durante la década de los ‘90 y es un 60% inferior al que regía antes del gobierno de Mauricio Macri. En paralelo, solo en el primer trimestre del año, la inflación acumuló cerca de un 9,4%, con fuerte presión de alimentos y tarifas, dos rubros que impactan directamente en el costo de vida de los trabajadores.
En ese escenario, los salarios -tanto públicos como privados- vienen ajustando sistemáticamente por debajo de los precios, consolidando un esquema donde tener empleo formal ya no garantiza salir de la precariedad. El salario real de los trabajadores registrados cayó por sexto mes consecutivo en febrero, “los salarios reales privados registrados cayeron 1,3% en febrero, acumulando una pérdida de 3,6% en los últimos seis meses (desde agosto de 2025): similar al primer semestre de 2018 (-3,7%) y al arranque de la pandemia (abr-oct 2020: -4,1%), solo que ahora con apreciación cambiaria”, señaló un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.
Comparado con el inicio de la gestión de Javier Milei, en promedio el salario está un 8,9% abajo de noviembre de 2023 (-3,5% el sector privado y -18,3% el público) y “en marzo va a volver a caer”, anticipó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma. Por su parte, según estimaciones del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), si se considera una canasta de consumo más actualizada (el IPC-INDEC se basa en la Encuesta de Gastos de Hogares 2004-2005, pero podría reemplazarse por la de 2017-2018), la pérdida en lo que va del Gobierno pasaría de 8,9% a 14,7%.
De esta manera, el deterioro no es solo actual, sino acumulado. Según el propio informe del FreSU, los trabajadores ya perdieron más de 58 billones de pesos durante el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), con un impacto directo en el endeudamiento de los hogares y el consumo. En promedio, la caída del poder adquisitivo equivale a más de $2,2 millones por trabajador en el sector privado y casi $12 millones en el sector público, cifras que explican por qué cada vez más familias recurren al crédito para cubrir gastos básicos. Según detalló el periodista Cristian Carrillo en El Destape, en la gestión actual, cada persona adulta le debe, al menos, un millón de pesos al sistema financiero.
“La deuda en los hogares creció en 36 billones de pesos desde que gobierna Milei y la morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año”, indicó el espacio integrado por gremios como ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros, entre otros.
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El estudio presentó una “Canasta Básica del Trabajador” elaborada en base a las mismas cifras oficiales relevadas por Indec, pero ponderada según la realidad que tienen las familias argentinas. Aseguran que, con el monto actualizado a más de 2.800.000 de pesos un trabajador podría cubrir las 9 necesidades básicas que detalla la Constitución Nacional: alimentación adecuada ($638.088); vivienda digna ($549.525); educación ($247.664); vestimenta ($143.002); salud ($340.242); transporte, esparcimiento y vacaciones ($575.931); y previsión social ($308.303).
La degradación del salario se aceleró con el tiempo: si hace diez años alcanzaban entre tres y cuatro salarios mínimos para sostener las necesidades básicas de un hogar, y hace cinco se necesitaban entre cuatro y cinco, hoy hacen falta ocho. De acuerdo con datos de Argendata (Fundar), en base a CEPAL, Argentina acumuló una caída del 18,8% en el salario medio real desde 2018, el peor desempeño de América Latina. De hecho, mientras la mayoría de los países de la región logró recomponer salarios en los últimos años, nuestro país recorre el camino inverso: lidera el ranking, pero de caída del poder adquisitivo.
Menos ingreso disponible
La desconexión entre ingresos y costo de vida se agudizó en estos años. De este modo, el problema no es solo cuánto subieron los precios, sino cuánto se derrumbó el salario como herramienta para sostener condiciones de vida dignas.
El ingreso disponible se achicó y los gastos fijos ya consumen 15 puntos más del salario que en 2023. En detalle, el ingreso disponible (cuánto queda de un salario luego de restar los gastos fijos: las boletas y la sube) cayó fuertemente desde el cambio de gobierno producto de un fuerte aumento de las tarifas de servicios públicos y del valor de los pasajes de transporte público.
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“Más allá de la evolución real de los salarios, la sensación es que nada ‘alcanza’, ya que después de pagar las boletas al principio del mes, queda poco en el bolsillo”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande (IAG). Asimismo consideraron que “la caída del ingreso disponible también ayuda a comprender qué sucede con la morosidad, los salarios que cada vez alcanzan para menos, tasas más altas, familias endeudadas, un combo mortal”, alertaron.
En el marco de una reconfiguración regresiva de precios relativos, las tarifas y regulados aumentaron hasta 540%, afectando desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos. Según relevó el centro económico, en el caso del precio del boleto mínimo de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), producto de la reducción de los subsidios al transporte y del aumento del precio de la nafta, continúa subiendo y no parece encontrar tope: en marzo pasado llegó a $700, 31% por encima del promedio histórico (en términos reales) y 131% más que el valor promedio de 2023 -mínimo de la serie-.
En el caso de servicios públicos, en febrero “Electricidad, gas y otros combustibles” llegaron a al nivel de precios (reales) más altos desde el cambio de gestión producto, sobre todo, del aumento de las tarifas por el cambio en el esquema de segmentación que pasó de 3 niveles a 2 (hogares subsidiados y no subsidiados, lo que supone una quita de subsidios para ciertos hogares de clase media y una reducción de las cantidades subsidiadas para todos los hogares).
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De cara a los próximos meses, los especialistas consideraron que los precios de servicios y regulados pueden seguir subiendo. “Tomando marzo de 2018 como referencia pasada de ‘precios ordenados’, los precios relativos muestran un nivel 10,5% por abajo en Regulados y de 6,8% en Servicios, y cabe suponer que pueden pretender que sigan subiendo”, analizaron. La duda es cuánto margen social existe en un contexto de caída del poder adquisitivo, menor ingreso disponible para vivir, y empeoramiento sostenido de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
