Del reconocimiento de la economía popular a la mano de obra barata: alertan por el nuevo paradigma laboral del Gobierno

La mayoría de las personas en edad de trabajar que viven bajo la línea de pobreza en Argentina ya tiene empleo. Seis de cada 10 trabajan y, aun así, no logran cubrir el costo de una canasta básica. En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano celebró esta semana la incorporación de beneficiarios del programa "Volver al Trabajo" a puestos en McDonald's, un anuncio que reabre un debate más profundo: ¿qué tipo de inserción laboral está promoviendo hoy el Estado?

Pese a que el Gobierno Nacional sigue obligado a mantener las prestaciones a los más de 900.000 trabajadores incluidos en dicho programa (ex Potenciar Trabajo) según la última medida judicial y hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el anuncio pone sobre la mesa además la intención de modificar el sentido de la política pública que bajo el discurso oficial de que "los pobres no quieren trabajar", podía agravar aún más a urgencia de quienes pese a tener trabajo no llegan a cubrir las necesidades básicas de subsistencia.

“El trabajo de la economía popular no se reemplaza con mano de obra barata para grandes empresas” señalaron a El Destape desde las organizaciones sociales y precisaron que menos del 10% de quienes forman parte del programa se inscribió en dichos cursos. Además, remarcaron que “lejos de promover una supuesta reconversión laboral, ocultan e ajuste y la eliminación de políticas que estaban destinadas a los trabajadores más vulnerables del país”. 

Trabajo cada vez más precarizado

El Ministerio de Capital Humano presentó en estos días como un "éxito" la incorporación de beneficiarios del programa “Volver al Trabajo” a empleos en la empresa multinacional McDonald's. Más allá del caso puntual, el anuncio expone un cambio profundo en la concepción de la política social-laboral: la diferencia no es menor ya que el Estado deja de aparecer como un actor que reconoce la existencia de una economía integrada por cooperativas, emprendimientos y trabajadores autogestionados, y presenta como emblema de su política laboral a un sector caracterizado históricamente por salarios bajos, jornadas parciales y extenuantes, y alta rotación de personal.

A principios de este año la administración de La Libertad Avanza (LLA) había anunciado el desmantelamiento del programa “Volver al Trabajo” lo que implicaba que cerca de 1 millón de trabajadores informales perdiera ese complemento de ingresos, a ser reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación. Sin embargo, organizaciones sociales presentaron un amparo colectivo que dio lugar a una medida cautelar que mantiene vigente el programa. Ahora bien, ¿qué implica este anuncio reciente? Para las organizaciones se trata de “anuncios vacíos” ya que “la realidad es que el Gobierno sigue obligado a pagar el programa a las y los trabajadores, por lo que estos anuncios de vinculación laboral no son tal cosa, de hecho, relevamos que de los 930.000 trabajadores que cobran el Volver al Trabajo, ni siquiera el 10% se había inscripto en los supuestos cursos de capacitación del oficialismo”, señaló a este medio Johanna Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). 

Desde los 2000 se fueron creando en nuestro país diferentes programas de transferencia directa de ingresos que, en líneas generales, intentaron paliar primero la situación de los desocupados tras las políticas de destrucción del aparato productivo nacional del menemismo y, luego hicieron frente a sus consecuencias en un mundo laboral que no logra aún dar respuesta a las necesidades de trabajo formal para buena parte de la sociedad.  Para ejemplificar, Duarte indicó que “se trata de trabajadores que están en todo el país y si la única salida que plantea el Gobierno va a ser trabajar en McDonald's la verdad que es difícil imaginar que un trabajador que vive hoy en el impenetrable chaqueño y recibe este programa pueda ir todos los días a prestar su servicio a esa empresa que promocionan", apuntó y agregó "me pregunto a cuál McDonald's irá”, para insistir en el desconocimiento sobre la situación laboral y de vida de quienes reciben este programa. 

Además, remarcó que “el Gobierno está obligado por la Justicia a seguir pagando el programa por la vigencia de la cautelar, y lo que pretende con estos anuncios es tapar el ajuste y el intento de eliminar las políticas que llegan a los trabajadores que peor la están pasando en la Argentina”.

La emergencia de la llamada economía popular refleja, en ese esquema, una franja creciente de trabajadores y trabajadoras que queda por fuera del empleo típico, pero sostiene la reproducción social a través de cooperativas, emprendimientos y trabajos de subsistencia. Es decir, son trabajadores que se ven obligados a desempeñarse en la informalidad, pero que han buscado organizarse en unidades productivas en diferentes sectores de la economía nacional, y frente a los que programas como el ex Potenciar intentaba reconocer e incentivar ante la falta de empleo formal.

“Esto no es un subsidio ni un plan para personas que no trabajan. Es un reconocimiento, aunque insuficiente, al trabajo que realizamos quienes todos los días. Producimos, construimos, reciclamos, cuidamos, confeccionamos, comercializamos y sostenemos gran parte de la economía de nuestro país”, señaló por su parte Norma Morales, secretaria general adjunta de la UTEP.

“En la pobreza argentina no parece haber un gran conjunto de personas desempleadas sino un gran conjunto de personas trabajando en malas condiciones”, destacó un informe del espacio Futuros Mejores que precisó que el 59% de las personas pobres en edad de trabajar en Argentina ya tienen trabajo en construcción, comercio e industria, y aun así son pobres, y otro 18% son amas de casa, es decir, mujeres que están cuidando. A su vez, el 60% de las trabajadoras de casas particulares son pobres -la mayoría de ellas en relaciones laborales informales- y el 60% de los hogares monomarentales también.

Para Morales, “el gobierno de  Javier Milei busca reemplazar las políticas de fortalecimiento de la economía popular por esquemas de capacitación e intermediación laboral con empresas privadas, el caso de McDonald's va en esa dirección”. La trabajadora destacó: “No estamos en contra de la capacitación ni de que cualquier trabajador acceda a un trabajo registrado, lo que cuestionamos es que esa sea la única respuesta para más de 930.000 trabajadores y trabajadoras”. Según contó el periodista Mariano Martín en este medio, “de una meta de 10 mil nuevos empleos en esa compañía, en los ingresados a partir del lanzamiento del anuncio sólo se pudo verificar a 6 trabajadores provenientes del plan social originalmente pensado para este traspaso”.

El cambio ocurre, además, en un mercado laboral que no genera empleo privado de calidad, sino todo lo contrario. Mientras distintos informes muestran la destrucción de puestos registrados y el crecimiento de la informalidad, la respuesta oficial deja de apuntar al fortalecimiento de las unidades productivas para concentrarse en trabajos que no mejoran las condiciones de vida de las familias. El último informe de mercado laboral del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD) señaló al respecto que “la reconversión productiva en curso no está generando una transición virtuosa hacia empleos de mejor calidad”.  

Entre principios de 2025 y 2026, mientras se reducía la dotación de trabajo formal, las ocupaciones que crecieron fueron las informales, tanto asalariadas como independientes: se perdieron 196 mil puestos asalariados formales y 46 mil ocupaciones independientes formales, mientras aumentaron 274 mil asalariados informales y 360 mil independientes informales.

Las organizaciones destacaron que “el trabajo de la economía popular no se reemplaza con mano de obra barata para grandes empresas”, por el contrario, sostienen que “hay cooperativas textiles, de construcción, de reciclado, de producción de alimentos, de agricultura familiar y miles de emprendimientos que generan riqueza todos los días y necesitan políticas de fortalecimiento, no de sustitución”, amplió Morales. En la misma línea destacó “el trabajo de las cuidadoras comunitarias que cuidan a las infancias, acompañan a personas mayores, a personas con discapacidad y a familias en situaciones de extrema vulnerabilidad, un enorme valor social y económico que debe ser reconocido”.

Además de la vigencia del programa las entrevistadas pusieron la lupa en la necesidad de un aumento del ingreso, congelado hace dos años en apenas $78.000, menos de un cuarto de un salario mínimo.

Trabajadores pobres y endeudados

No poder comprar alimentos ni ropa ni medicamentos es la realidad de gran parte de las y los trabajadores, que se aleja cada vez más del derecho a una vida digna.

Sobre ello Duarte señaló que “la situación social y económica de los trabajadores de la economía popular es crítica” ya que “hoy los sectores populares se endeudan para comer”. De esa manera advirtió sobre del creciente endeudamiento de las familias, una realidad que afecta a cada vez más hogares sobre todo por las dificultades para hacer frente a esas deudas (en un año se sumaron casi 2,4 millones de deudores morosos en el país) pero que se agrava en el caso de los trabajadores informales.

“Como no pueden acceder al sistema bancario formal, la mayoría de las veces tienen que endeudarse con sistemas de préstamos de absoluta ilegalidad, es decir, créditos con prestamistas que imponen más de 80% de interés y a ser devueltos en 30 días, quedando incluso a merced de situaciones de violencia”, precisó.

En igual sentido Morales apuntó contra el desmantelamiento de políticas públicas que dejó a miles sin herramientas de trabajo, y aseguró que en ese “vacío” crece el crédito usurero, el fiado eterno y las economías que después son criminalizadas. “Aparecen los créditos informales y usureros” sumado al papel de las billeteras virtuales para comprar alimentos y medicamentos, sobre todo en invierno cuando se multiplican las enfermedades y urgencias médicas.

En definitiva, el anuncio de Capital Humano excede largamente un convenio con una cadena de comida rápida y expone una redefinición del papel que el Estado asigna a la política social-laboral que, cada vez más, parece limitarse a facilitar trabajadores para empresas privadas, sin importar las condiciones ni consecuencias para las y los trabajadores, que pagan el costo de un modelo económico que destruye empleo formal a la vez que deslegitima la organización productiva colectiva.