La provincia de Catamarca atraviesa horas de creciente tensión en el sistema de transporte público, en un contexto que vuelve a poner en evidencia el déficit del gobernador Raúl Jalil. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Catamarca inició un paro de colectivos por 48 horas ante la falta de pago de salarios a trabajadores de distintas empresas del sector. Según denunciaron desde el gremio, el incumplimiento ya excede los plazos legales y coloca a los choferes en una situación límite.
“Es muy posible que pueda haber cierres o interrupciones definitivas del servicio por parte de algunas firmas", confirmó a El Destape, el secretario general de la UTA, Juan Vergara, al advertir que algunas empresas podrían no estar en condiciones de sostener su actividad en el corto plazo. "Es preocupante la situación", afirmó el dirigente sindical.
El secretario general del sindicato confirmó que la medida de fuerza había sido formalmente notificada e inició producto de falta de respuesta por parte de las empresas. “Hemos notificado una medida de fuerza por 48 horas”, señaló Vergara, y remarcó que la decisión responde al incumplimiento en el pago total de los haberes. A pesar del vínculo cercano con la Casa Rosada, la gestión provincial no logra quedar al margen de los conflictos sociales que se profundizan al calor de la crisis económica libertaria.
El conflicto no es aislado ni reciente. Desde la UTA advierten que el sector viene arrastrando una combinación de factores que deterioraron su funcionamiento. Entre ellos, Vergara destacó que es consecuencia de una fuerte caída en la cantidad de pasajeros, el sostenido incremento de los costos operativos y la falta de actualización en los ingresos de las empresas. A esto se suma un elemento clave: la reducción de subsidios nacionales, que obligó a las provincias y a las firmas del sector a reconfigurar sus esquemas de financiamiento en un contexto adverso.
Además de la discusión salarial, desde el gremio también pusieron el foco en las consecuencias sociales que podría acarrear la paralización del transporte. Un eventual paro impactaría de lleno en miles de usuarios que dependen diariamente del colectivo para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites esenciales. “Una medida de fuerza no le conviene a nadie”, planteó Vergara, al tiempo que subrayó que el objetivo principal es evitar el paro mediante una pronta regularización de los pagos adeudados.
Esta situación se agrava aún más tras haber confirmado, hace pocas semanas, el aumento del pasaje, que llega a $1.500 y representa un fuerte impacto para quienes dependen diariamente del servicio en un contexto económico de crisis.
Cerrar sesión